Los dirigentes sindicales habían amenazado a los trabajadores con la pérdida de acceso al plan médico auspiciado por el patrono si no “autorizaban” retroactivamente las cuotas sindicales incautadas ilegalmente

San Juan, PR (28 de abril de 2021) – Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han recibido las tarjetas de plan médico que los dirigentes sindicales les estaban reteniendo como represalia por su negativa a firmar formularios de cuotas sindicales. Los funcionarios sindicales y la universidad enfrentaron presiones para restablecer la cobertura de seguro médico de los empleados disidentes a causa de una moción legal radicada por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo.

José Ramos y Orlando Méndez radicaron un pleito de acción de clase en mayo de 2020 contra la Universidad de Puerto Rico y su Sindicato de Trabajadores por infringir en los derechos de los empleados según reconocidos en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Janus v. AFSCME, caso ganado por la Fundación en el 2018. En Janus, el máximo foro judicial dictaminó que no se le puede exigir a los empleados públicos que paguen cuotas sindicales como condición de empleo y que las cuotas sindicales solo se pueden descontar de la paga de los empleados públicos si éstos renuncian afirmativamente al derecho de no tener que pagar.

Ramos y Méndez nunca autorizaron las deducciones de las cuotas sindicales y nunca firmaron formularios de afiliación sindical. Sin embargo, los dirigentes sindicales continuaron cobrando cuotas de sus cheques de nómina. En un intento de subsanar años de deducciones de cuotas no autorizadas, los dirigentes sindicales le exigieron a los trabajadores que firmaran un documento autorizando retroactivamente todas las cuotas descontadas previamente y que consintieran a una cantidad no especificada de deducciones futuras. Los dirigentes sindicales sostuvieron que los trabajadores perderían el acceso a su plan de salud si no cumplían con esto.

Ramos y Méndez se negaron a firmar el formulario y los dirigentes sindicales retuvieron las tarjetas permanentes de plan médico de los empleados, lo que los obligó a depender de certificaciones temporales de seguro médico. Las certificaciones temporales no se recibían de manera consistente, resultando en interrupciones en las cuales los trabajadores se quedaban sin seguro médico. Los abogados de la Fundación radicaron una moción para una orden de injunction preliminar para restaurar inmediatamente el acceso completo al plan de seguro médico de los empleados.

Los jefes sindicales finalmente accedieron y los demandantes recibieron sus tarjetas permanentes de seguro médico, devolviéndoles el acceso a los beneficios laborales que el sindicato amenazó en un intento por obligar a los trabajadores a aprobar años de deducciones ilegales de cuotas pasadas.

La demanda de acción de clase de los trabajadores contra el Sindicato y la Universidad por las deducciones ilegales de las cuotas continuará. Los empleados persiguen una orden prohibiendo las deducciones de las cuotas inconstitucionales de los empleados que no proveyeron su consentimiento, al igual que un reembolso de las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”

“Los jefes sindicales utilizaron su control sobre el seguro médico de los empleados para intentar cubrir sus huellas después de haber incautado ilegalmente cuotas durante años”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo. “En lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, los jefes sindicales amenazaron su seguro médico con la esperanza de que cedieran.”

“Si bien estamos agradecidos de que a estos trabajadores ya no se les niegue ilegalmente el acceso a su plan de seguro médico, los abogados de la Fundación continuarán con la demanda hasta que los derechos de la Primera Enmienda de estos trabajadores estén plenamente reivindicados”, agregó Mix.

The National Right to Work Legal Defense Foundation is a nonprofit, charitable organization providing free legal aid to employees whose human or civil rights have been violated by compulsory unionism abuses. The Foundation, which can be contacted toll-free at 1-800-336-3600, assists thousands of employees in more than 250 cases nationwide per year.