Demanda por derechos civiles persigue el reembolso de hasta 15 años de cuotas obtenidas ilegalmente de los empleados, al igual que el cese de requisitos compulsorios de membresía sindical y descuento de cuotas

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San Juan, PR (19 de mayo de 2020) – Con representación legal gratuita de abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo, dos empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han radicado una demanda federal de acción de clase de derechos civiles contra la universidad y los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. La demanda, radicada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, acusa a los funcionarios sindicales y universitarios de obligar a empleados a la membresía sindical y al descuento de cuotas en violación de sus derechos de la Primera Enmienda.

Los empleados, José Ramos y Orlando Méndez, sostienen que los funcionarios sindicales y universitarios están infringiendo con sus derechos reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Janus v. AFSCME, en el cual la Fundación prevaleció en el 2018. En Janus, el Tribunal Supremo dictaminó que exigirle el pago de cuotas sindicales a empleados públicos como condición de empleo viola la Primera Enmienda, y sostuvo que las tarifas sindicales solamente se pueden sustraer de los empleados públicos mediante una renuncia afirmativa al derecho de no tener que pagar.

La demanda de Méndez y Ramos también alega que el requisito del contrato de negociación de monopolio de que todos los empleados se conviertan en miembros del sindicato viola el derecho a la libertad de asociación de la Primera Enmienda. La demanda dice que los funcionarios universitarios y sindicales también incumplieron una disposición contractual que permite descontar las cuotas sindicales de los cheques de nómina de los empleados solo después de recibir autorización de los empleados.

La demanda relata que Méndez y Ramos han sido empleados por la Universidad como conserjes desde 1997 y 1996, respectivamente. A partir de entonces, dice la demanda, los funcionarios de la universidad y el sindicato “han considerado a Ramos y Méndez como miembros del sindicato” y han descontado cuotas de sus cheques de nómina, a pesar de que ninguno de los dos ha firmado un formulario de autorización de deducción de cuotas de membresía o de afiliación.

En julio de 2018, a menos de un mes después de que se emitió la decisión de Janus, Méndez y Ramos enviaron cartas al sindicato ejerciendo su derecho a la Primera Enmienda para poner fin a sus membresías del sindicato y detener las deducciones cuotas. El sindicato ignoró estas solicitudes, y tanto el sindicato como la Universidad ignoraron los intentos de ambos empleados de renovar tales exigencias en marzo de 2020, según la demanda. La demanda dice que la Universidad continúa cobrando cuotas completas de sus cheques de nómina.

La demanda de Méndez y Ramos le pide al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que declare inconstitucionales las disposiciones del contrato obligando a los empleados a ser miembros del sindicato y a pagar cuotas de membresía, al igual que declare que los funcionarios sindicales y universitarios incumplieron el contrato de negociación de monopolio al incautar las cuotas de los cheques de los empleados sin autorización escrita. La demanda también busca una orden que la aplicación de los esquemas inconstitucionales, al igual que una orden requiriéndole al sindicato reembolsarles a los empleados las cuotas incautadas ilegalmente “dentro del … término de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”

“Durante años, los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico lograron pisotear los derechos de los trabajadores que dicen representar, no solo llenando ilegalmente sus arcas con cuotas compulsorias en violación de Janus, sino también obligando a los empleados a unirse al sindicato como miembros, una práctica que siempre ha sido inconstitucional,” comentó Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo. “No se les puede permitir que se beneficien de su malversación pasada, y la Fundación se enorgullece en apoyar al Sr. Méndez y al Sr. Ramos mientras luchan por sus derechos y los derechos de sus compañeros de trabajo.

The National Right to Work Legal Defense Foundation is a nonprofit, charitable organization providing free legal aid to employees whose human or civil rights have been violated by compulsory unionism abuses. The Foundation, which can be contacted toll-free at 1-800-336-3600, assists thousands of employees in more than 250 cases nationwide per year.