- Actividades políticas, incluso actividades relacionadas con la votación y la emisión de bonos
- Actividades ideológicas
- El cabildeo, a menos que sea necesario para ratificar o financiar un convenio de negociación colectiva en la unidad de negociación de un empleado público que no es miembro.
- Actividades de relaciones publicas.
- Litigación que no está relacionada con la negociación colectiva ni con la litigación relacionada con la negociación únicamente para las demás unidades de negociación, donde el sindicato no muestra una expectativa racional de que otros locales financiarán litigación de la misma manera para la unidad de negociación del que no es miembro.
- Involucrarse en huelgas ilegales.
- La organización por un empleado público y sindicatos de ferrocarriles y aerolíneas y, a falta de una demostración concreta de una correlación entre sueldos y densidad sindical en el mismo mercado competitivo del empleador del que no es miembro, por otros sindicatos del sector privado.
- Las prestaciones "solo para miembros"
- Algunas partes de publicaciones sindicales informando acerca de las actividades antes mencionadas.
Los tribunales aún están decidiendo cuáles tipos de gastos son imputables y cuáles no. Ningún gasto sindical es imputable a un objetor que no es miembro, salvo que el sindicato compruebe que está relacionado con la negociación colectiva, la administración del contrato o el ajuste de agravios ante una autoridad responsable de tomar decisiones.
