Empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico enfrentan a Unión y al Negociado con demanda federal por ilegalmente denegarles beneficios de salud
Funcionarios sindicales hicieron que el Negociado de la Policía rescindiera beneficio luego de que empleados ejercieran su derecho de la Primera Enmienda a abstenerse de membresía formal en la unión y de cuotas
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San Juan, PR (3 de junio de 2022) – Ocho empleados civiles del Negociado de la Policía de Puerto Rico están demandando a la Unión de Empleados Civiles Organizados y a su patrono por ilegalmente tomar represalias contra ellos por el ejercicio de sus derechos constitucionales. Su demanda dice que funcionarios del Negociado y de la unión les están privando de un beneficio de salud mensual porque no son miembros de la unión. Abogados de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo están representando a los trabajadores de manera gratuita y les radicaron su demanda de acción de clase en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Los demandantes, Vanessa Carbonell, Roberto Whatts Osorio, Elba Colón Nery, Billy Nieves Hernández, Nélida Álvarez Febus, Linda Dumont Guzmán, Sandra Quiñones Pinto y Yomarys Ortiz González están defendiendo su derecho de Primera Enmienda reconocido en el caso Janus v. AFSCME del Tribunal Supremo de EE.UU. en 2018, el cual fue ganado por la Fundación.
En Janus, el Tribunal Supremo sentenció que obligar a empleados del sector público a unirse o financiar un sindicato como condición de empleo viola la Primera Enmienda. Los jueces también declararon que las cuotas sindicales solo se pueden cobrar a los trabajadores del sector público que hayan renunciado voluntariamente a su derecho a no pagar.
Bajo las leyes de Puerto Rico y de muchos estados, los funcionarios sindicales están facultados a imponerle su “representación” a todos los empleados en un lugar de trabajo, incluso a aquellos que rechazan la afiliación sindical formal o votan en contra de instalar un sindicato. Los trabajadores sujetos a este poder de monopolio no pueden negociar sus propias condiciones de empleo. En cambio, están obligados por la ley bajo el contrato de monopolio de talla única del sindicato, a pesar de que tales contratos a menudo socavan los intereses de muchos trabajadores cubiertos.
Aunque los tribunales han reconocido que tal “representación” sindical impuesta por el gobierno infringe sobre el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación bajo la Primera Enmienda, hasta ahora han permitido la representación sindical forzada siempre y cuando los funcionarios sindicales no la utilicen para tomar parte en discriminación explícita, incluyendo a base de afiliación sindical formal, tal como está sucediendo con los empleados del Negociado.
La doctrina jurídica que hace que tales términos contractuales discriminatorios sean ilegales fue adoptada por primera vez por el Tribunal Supremo de EE.UU. en un caso en el que unos funcionarios sindicales estaban ejerciendo su poder de negociación monopolístico para discriminar en contra de trabajadores por motivos de raza.
Política discriminatoria excluye a los no miembros de la unión de un mejor seguro de salud
Según la demanda, los empleados demandantes son personas que no son miembros y han ejercido su derecho en virtud de Janus de poner fin a la afiliación sindical y detener las deducciones de cuotas sindicales. Cuando ejercieron ese derecho en varios momentos después de la decisión de Janus de 2018, cada uno se percató de que tan pronto las cuotas dejaron de ser sustraídas de su paga, también dejaron de recibir un beneficio pago por el patrono de $25 al mes destinado a ayudar a los empleados a pagar el seguro médico.
“[E]l Sindicato, a través de su presidente, Jorge Méndez Cotto, solicitó al Negociado que dejara de otorgar la aportación patronal adicional de $25 mensuales a cualquier miembro de la unidad colectiva que se opusiera a la afiliación [forzada]…”, dice la demanda.
“Los demandantes están listos, dispuestos y capacitados para comprar beneficios de seguro médico adicionales y de mayor calidad con la aportación patronal adicional que se les niega”, señala la demanda. “Si no fuera por la política discriminatoria descrita anteriormente, comprarían un seguro de salud de mejor calidad.”
Los empleados sostienen en la demanda que la suspensión del beneficio de salud es una táctica para restringir sus derechos de la Primera Enmienda bajo Janus. “La política y la práctica … de negarle la aportación patronal adicional a los miembros de la unidad de negociación no unionados viola los derechos constitucionales de los empleados al coaccionarlos a unirse al Sindicato”, dice la demanda.
La demanda exige que la Unión y el Negociado desembolsen el dinero retenido indebidamente a todos los que están sujetos al esquema
Los ocho empleados buscan un dictamen requiriendo que la Unión y el Negociado dejen de retener el beneficio de salud de sus cheques de nómina y también que se les pague todo el dinero que se ha retenido ilegalmente bajo el esquema, más intereses. Los demandantes también exigen el mismo remedio para todos sus compañeros de trabajo que también se abstuvieron de afiliarse al sindicato y a quienes en consecuencia se les ha negado el beneficio de salud.
El año pasado, los abogados de la Fundación en una situación similar anotaron una victoria para los empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Ramos y Orlando Méndez, quienes denunciaron que se les había negado tarjetas permanentes de seguro médico porque se rehusaron a “autorizar” retroactivamente la extracción de cuotas sindicales que ya los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la UPR habían realizado de los cheques de nómina de los trabajadores en violación de la Primera Enmienda. Después de que los abogados de la Fundación radicaron una moción de injunction contra el Sindicato, Méndez y Ramos recibieron sus tarjetas permanentes de seguro de salud.
“Reducir el acceso de los empleados al cuidado médico porque no son miembros del sindicato es una violación grave del derecho de los trabajadores que reconoció Janus a abstenerse libremente de ser miembros de la unión”, comentó el presidente de la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo, Mark Mix. “La Sra. Carbonell y sus compañeros y compañeras de trabajo no deberían verse obligados a unirse o financiar un sindicato al que se oponen solo para poder trabajar junto a los agentes del orden público de Puerto Rico y estamos orgullosos de ayudarlos a defender esa libertad”.
District Court Orders Connecticut State Police to Turn Over Evidence in Former Sergeant’s Retaliation Suit
District Court Orders Connecticut State Police to Turn Over Evidence in Former Sergeant’s Retaliation Suit
Veteran officer was transferred out of prestigious position for asserting his workplace rights, choosing not to be a union member
Hartford, CT (May 27, 2022) – A federal judge has just ordered Connecticut Department of Emergency Services and Public Protection Commissioner James Rovella to turn over evidence in a federal retaliation lawsuit filed in 2016 by Joseph Mercer, a former Connecticut State Trooper.
Mercer, who is represented for free by National Right to Work Legal Defense Foundation staff attorneys, charged Connecticut State Police Union (CSPU) and state officials with knocking him out of a prestigious command position because he exercised his First Amendment rights to refrain from union membership and oppose the union’s political activity.
The U.S. District Court for the District of Connecticut ordered Rovella to turn over certain documents relevant to Mercer’s claims. According to the orders, these documents could be relevant to determining whether union and state police officials treated Mercer unfairly because he dissociated from CSPU.
Union Officials Fought to Remove Union Opponent from Prestigious Position He Was Qualified For
Mercer, a former state trooper, says he was transferred from his command position with the Emergency Services Unit because he resigned from the union and refrained from supporting its political agenda.
In May 2015, Sergeant Mercer was appointed Operations Sergeant of the Emergency Services Unit, a prestigious command position that entails significant responsibility for Emergency Services training and field operations. Although Sergeant Mercer had seventeen years of experience, in June 2015, CSPU President Andrew Matthews filed a grievance over Sergeant Mercer’s appointment. Matthews’ grievance claimed that there had been no “selection process” to fill the position, despite the fact that none of Sergeant Mercer’s union-member predecessors had undergone any particular kind of selection process before they got the job.
Mathews also filed a second grievance, alleging Mercer had mismanaged a shooting incident involving an armed suspect barricaded in a hotel. State police officials never expressed dissatisfaction with how Mercer handled the situation.
In October 2015, the then-Commissioner of the Department of Emergency Services transferred Mercer out of his Operations Sergeant position to an administrative post. That new position gave Mercer substantially fewer opportunities to work in the field or accrue overtime pay. Prior to this demotion, Mercer had received no warnings, reprimands, or other disciplinary actions regarding the incident referenced in Matthews’ grievance.
Mercer’s lawsuit seeks his reinstatement as Operations Sergeant in the Emergency Services Division and compensatory damages for the decrease in his overtime pay opportunities. In August 2018, the District Court denied motions to dismiss the case filed by CSPU and state officials, allowing the case to proceed.
Evidence Revealing Unfair Treatment of State Trooper Must Be Handed Over
The court orders compelling discovery state that records about Emergency Services Unit team members in similar “deadly force” situations to Mercer’s “are relevant for the purpose of determining a central issue in the case: whether Plaintiff was treated differently by his employer than others in similar situations.” The orders also say that information concerning whether or not a “selection process” was used to fill the Operations Sergeant position clearly “pertain to the issue of whether Plaintiff was treated differently with respect to his appointment as Operations Supervisor.”
“By compelling discovery in this case, the District Court brings Sergeant Mercer one step closer to defeating openly vindictive and unconstitutional behavior by CSPU union officials and their allies in state government. They wreaked havoc on Mercer’s career simply because he disagreed with the union’s politics,” commented National Right to Work Foundation President Mark Mix. “We’ve been proud to fight alongside Sergeant Mercer the past few years and will continue to do so until his rights and career are restored.”
