Sindicato da marcha atrás después de intentar negarle plan médico a trabajadores de la Universidad de Puerto Rico por haber ejercido sus derechos de la Primera Enmienda
Los dirigentes sindicales habían amenazado a los trabajadores con la pérdida de acceso al plan médico auspiciado por el patrono si no “autorizaban” retroactivamente las cuotas sindicales incautadas ilegalmente
San Juan, PR (28 de abril de 2021) – Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han recibido las tarjetas de plan médico que los dirigentes sindicales les estaban reteniendo como represalia por su negativa a firmar formularios de cuotas sindicales. Los funcionarios sindicales y la universidad enfrentaron presiones para restablecer la cobertura de seguro médico de los empleados disidentes a causa de una moción legal radicada por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo.
José Ramos y Orlando Méndez radicaron un pleito de acción de clase en mayo de 2020 contra la Universidad de Puerto Rico y su Sindicato de Trabajadores por infringir en los derechos de los empleados según reconocidos en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Janus v. AFSCME, caso ganado por la Fundación en el 2018. En Janus, el máximo foro judicial dictaminó que no se le puede exigir a los empleados públicos que paguen cuotas sindicales como condición de empleo y que las cuotas sindicales solo se pueden descontar de la paga de los empleados públicos si éstos renuncian afirmativamente al derecho de no tener que pagar.
Ramos y Méndez nunca autorizaron las deducciones de las cuotas sindicales y nunca firmaron formularios de afiliación sindical. Sin embargo, los dirigentes sindicales continuaron cobrando cuotas de sus cheques de nómina. En un intento de subsanar años de deducciones de cuotas no autorizadas, los dirigentes sindicales le exigieron a los trabajadores que firmaran un documento autorizando retroactivamente todas las cuotas descontadas previamente y que consintieran a una cantidad no especificada de deducciones futuras. Los dirigentes sindicales sostuvieron que los trabajadores perderían el acceso a su plan de salud si no cumplían con esto.
Ramos y Méndez se negaron a firmar el formulario y los dirigentes sindicales retuvieron las tarjetas permanentes de plan médico de los empleados, lo que los obligó a depender de certificaciones temporales de seguro médico. Las certificaciones temporales no se recibían de manera consistente, resultando en interrupciones en las cuales los trabajadores se quedaban sin seguro médico. Los abogados de la Fundación radicaron una moción para una orden de injunction preliminar para restaurar inmediatamente el acceso completo al plan de seguro médico de los empleados.
Los jefes sindicales finalmente accedieron y los demandantes recibieron sus tarjetas permanentes de seguro médico, devolviéndoles el acceso a los beneficios laborales que el sindicato amenazó en un intento por obligar a los trabajadores a aprobar años de deducciones ilegales de cuotas pasadas.
La demanda de acción de clase de los trabajadores contra el Sindicato y la Universidad por las deducciones ilegales de las cuotas continuará. Los empleados persiguen una orden prohibiendo las deducciones de las cuotas inconstitucionales de los empleados que no proveyeron su consentimiento, al igual que un reembolso de las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”
“Los jefes sindicales utilizaron su control sobre el seguro médico de los empleados para intentar cubrir sus huellas después de haber incautado ilegalmente cuotas durante años”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo. “En lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, los jefes sindicales amenazaron su seguro médico con la esperanza de que cedieran.”
“Si bien estamos agradecidos de que a estos trabajadores ya no se les niegue ilegalmente el acceso a su plan de seguro médico, los abogados de la Fundación continuarán con la demanda hasta que los derechos de la Primera Enmienda de estos trabajadores estén plenamente reivindicados”, agregó Mix.
Empleados de la Universidad de Puerto Rico demandan a sindicato y a la Universidad en pleito de acción de clase por violaciones a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
Demanda por derechos civiles persigue el reembolso de hasta 15 años de cuotas obtenidas ilegalmente de los empleados, al igual que el cese de requisitos compulsorios de membresía sindical y descuento de cuotas
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San Juan, PR (19 de mayo de 2020) – Con representación legal gratuita de abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo, dos empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han radicado una demanda federal de acción de clase de derechos civiles contra la universidad y los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. La demanda, radicada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, acusa a los funcionarios sindicales y universitarios de obligar a empleados a la membresía sindical y al descuento de cuotas en violación de sus derechos de la Primera Enmienda.
Los empleados, José Ramos y Orlando Méndez, sostienen que los funcionarios sindicales y universitarios están infringiendo con sus derechos reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Janus v. AFSCME, en el cual la Fundación prevaleció en el 2018. En Janus, el Tribunal Supremo dictaminó que exigirle el pago de cuotas sindicales a empleados públicos como condición de empleo viola la Primera Enmienda, y sostuvo que las tarifas sindicales solamente se pueden sustraer de los empleados públicos mediante una renuncia afirmativa al derecho de no tener que pagar.
La demanda de Méndez y Ramos también alega que el requisito del contrato de negociación de monopolio de que todos los empleados se conviertan en miembros del sindicato viola el derecho a la libertad de asociación de la Primera Enmienda. La demanda dice que los funcionarios universitarios y sindicales también incumplieron una disposición contractual que permite descontar las cuotas sindicales de los cheques de nómina de los empleados solo después de recibir autorización de los empleados.
La demanda relata que Méndez y Ramos han sido empleados por la Universidad como conserjes desde 1997 y 1996, respectivamente. A partir de entonces, dice la demanda, los funcionarios de la universidad y el sindicato “han considerado a Ramos y Méndez como miembros del sindicato” y han descontado cuotas de sus cheques de nómina, a pesar de que ninguno de los dos ha firmado un formulario de autorización de deducción de cuotas de membresía o de afiliación.
En julio de 2018, a menos de un mes después de que se emitió la decisión de Janus, Méndez y Ramos enviaron cartas al sindicato ejerciendo su derecho a la Primera Enmienda para poner fin a sus membresías del sindicato y detener las deducciones cuotas. El sindicato ignoró estas solicitudes, y tanto el sindicato como la Universidad ignoraron los intentos de ambos empleados de renovar tales exigencias en marzo de 2020, según la demanda. La demanda dice que la Universidad continúa cobrando cuotas completas de sus cheques de nómina.
La demanda de Méndez y Ramos le pide al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que declare inconstitucionales las disposiciones del contrato obligando a los empleados a ser miembros del sindicato y a pagar cuotas de membresía, al igual que declare que los funcionarios sindicales y universitarios incumplieron el contrato de negociación de monopolio al incautar las cuotas de los cheques de los empleados sin autorización escrita. La demanda también busca una orden que la aplicación de los esquemas inconstitucionales, al igual que una orden requiriéndole al sindicato reembolsarles a los empleados las cuotas incautadas ilegalmente “dentro del … término de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”
“Durante años, los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico lograron pisotear los derechos de los trabajadores que dicen representar, no solo llenando ilegalmente sus arcas con cuotas compulsorias en violación de Janus, sino también obligando a los empleados a unirse al sindicato como miembros, una práctica que siempre ha sido inconstitucional,” comentó Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo. “No se les puede permitir que se beneficien de su malversación pasada, y la Fundación se enorgullece en apoyar al Sr. Méndez y al Sr. Ramos mientras luchan por sus derechos y los derechos de sus compañeros de trabajo.
