Los oficiales sindicales están haciendo uso de la “prohibición de contrato” para atrapar a un empleado y sus colegas en las filas del sindicato a pesar de una petición válida por parte de los empleados buscando una elección por voto secreto

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San Juan, PR (8 de enero de 2021) – Un guardia basado en San Juan y empleado por Ranger American Armored Services acaba de radicar un Recurso de Revisión a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en Washington, D.C. Su recurso solicita que la Junta completa acoja su caso en busca de una elección de voto secreto supervisada por la NLRB para remover de su lugar de trabajo a la Unión de Profesionales de la Seguridad Privada y Transporte de Valores. El recurso de revisión se radicó con asistencia legal gratuita de los abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo.

El guardia, Edwin Román, le solicita a la NLRB que revise la decisión del Director Regional de detener las elecciones basándose en la “prohibición de contrato”, una política no fundamentada en la ley de la NLRB que le prohíbe por tres años a los empleados ejercer su derecho a descertificar un sindicato impopular una vez que el patrono y los jefes sindicales hayan finalizado un contrato de convenio colectivo. La “prohibición de contrato” no está en el texto de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), la ley federal que la NLRB está encargada de hacer valer. Tal como plantea el Recurso de Revisión de Román, la misma debe eliminarse porque solo sirve para atrincherar a los jefes sindicales a pesar de que la NLRA garantiza explícitamente a los trabajadores el derecho a celebrar elecciones secretas para “descertificar” a los sindicatos a los que se opone una mayoría.

Tal como se detalla en el Recurso de Revisión, en el día 18 de noviembre de 2020, Román radicó una petición firmada por el número requerido compañeros de trabajo necesarios para convocar una elección de descertificación mediante voto secreto en du lugar de trabajo supervisada por la NLRB. El Recurso de Revisión enumera la oposición a la “representación del sindicato, su contrato y su requisito” de que los empleados paguen cuotas a los jefes sindicales o sean despedidos como razones por las que Román presentó la petición con el apoyo de sus colegas. En aquel entonces, Román y sus compañeros de trabajo ya habían estado trabajando bajo el actual contrato de negociación de monopolio durante aproximadamente un año.

El 21 de diciembre de 2020, el director de la Región 12 de NLRB en Tampa, Florida, desestimó la petición de Román a solicitud de los oficiales sindicales, alegando que la “prohibición de contrato” impide este intento de descertificación. Esto llevó a Román a apelar su caso ante el pleno de la NLRB.

El Recurso de Revisión de Román señala que la prohibición de contrato “no cuenta con fundamento en el texto de” la NLRA, y que las interpretaciones originales de la ley por parte de la NLRB favorecían “la libertad total de asociación y excluían cualquier prohibición de contrato.” Según el Recurso de Revisión, la prohibición del contrato solo se produjo como resultado de decisiones posteriores favorables a los jefes sindicales por parte de la Junta.

El recurso también sostiene que la “prohibición del contrato contradice los establecidos ‘principios fundamentales de la libre elección de los empleados y la regla de la mayoría’ de la [NLRA]” al permitir que un sindicato obligue a representar a los empleados “incluso frente a evidencia objetiva demostrando que el sindicato ha perdido el apoyo de la mayoría.” También señala que la única restricción al derecho de los trabajadores a celebrar una elección de descertificación que en realidad establece la NLRA es la “prohibición” de un año después de una elección, lo que hace que la “prohibición de contrato” no estatutaria de tres años sea una restricción particularmente repugnante en cuanto a los derechos de los trabajadores en virtud de la ley.

Román y sus colegas no son los únicos empleados que luchan, con asistencia legal de la Fundación, por la eliminación de la prohibición de celebrar una elección de desertificación debido a la existencia de un contrato. Oscar Cruz Sosa, empleado de Mountaire Farms en Delaware y sus compañeros de trabajo están actualmente esperando que la NLRB se pronuncie sobre su caso impugnando intentos similares de los jefes sindicales de United Food and Commercial Workers (UFCW) de entorpecer el derecho de los empleados a descertificar al sindicato.

En ese caso, los funcionarios de la UFCW, a pesar de recibir una decisión de un director regional de la NLRB permitiendo el voto exigido por los empleados, ya que el contrato de convenio colectivo contenía una cláusula inválida de cuotas compulsorias, todavía alegan que la “prohibición de contrato” debe aplicarse y que los votos ya emitidos por los trabajadores de Mountaire deben ser descartados. Cuando el sindicato le solicitó al pleno de la NLRB que revisara la orden de la Región, Cruz Sosa presentó un escrito argumentando que, si la Junta concedía la revisión, debería aprovechar la oportunidad para revisar toda la política de “prohibición de contratos” que carece de fundamento en ley, cosa que está haciendo la Junta.

“La ‘prohibición de contratos’ socava uno de los objetivos fundamentales de la legislación laboral federal: la libre elección de los empleados. Hace que los empleados sean presos de un sindicato impopular, simplemente porque los jefes del sindicato y un patrono firmaron un contrato entre ellos,” comentó el presidente de la Fundación Nacional para el Derecho al Trabajo, Mark Mix. “Esto inevitablemente crea un ambiente en el que, tal como el Sr. Román y sus compañeros de trabajo ciertamente pueden dar fe, es imposible responsabilizar a los jefes sindicales egoístas porque por tres años se les niega a los trabajadores el derecho a votarle en contra al sindicato.”

The National Right to Work Legal Defense Foundation is a nonprofit, charitable organization providing free legal aid to employees whose human or civil rights have been violated by compulsory unionism abuses. The Foundation, which can be contacted toll-free at 1-800-336-3600, assists thousands of employees in more than 250 cases nationwide per year.